La autoridad de competencia de Australia ha presentado una demanda contra Microsoft y su filial australiana por presunta conducta engañosa hacia aproximadamente 2.7 millones de suscriptores de Microsoft 365 Personal y Family tras integrar Copilot IA en los planes. El caso, iniciado ante los tribunales australianos, cuestiona la transparencia sobre las opciones de suscripción y podría sentar un precedente para cómo los proveedores comunican aumentos de precio vinculados a funcionalidades automatizadas.

Según la Comisión Australiana de Competencia y Consumo ACCC la compañía habría comunicado a suscriptores con renovación automática que existían solo dos alternativas mantener la suscripción aceptando la integración de Copilot con un incremento de precio de hasta un 45 o cancelar la suscripción. La denuncia alega que Microsoft omitió deliberadamente una tercera opción que permitía conservar las prestaciones anteriores sin Copilot a la tarifa previa mediante los denominados planes Classic que no fueron mencionados en los correos y la entrada de blog.

Los incrementos anunciados elevaron la suscripción anual de Microsoft 365 Personal de 71 a 103 dólares y la de Family de 90 a 116 dólares. La ACCC sostiene que los planes Classic solo se hicieron visibles cuando los usuarios iniciaban el proceso de cancelación por lo que muchos consumidores no pudieron tomar una decisión informada entre mantener las prestaciones sin IA o aceptar la actualización con coste mayor.

El caso se limita por ahora a planes de consumidor y no cubre licencias empresariales pero aporta lecciones importantes para compras corporativas. Cuando una funcionalidad de inteligencia artificial se integra de forma predeterminada en aplicaciones esenciales como Word Excel y Outlook la distinción entre valor añadido y adopción forzada se difumina y surgen riesgos de transparencia que afectan a departamentos de compras y de cumplimiento.

Los reguladores solicitan sanciones medidas cautelares declaraciones en favor de los consumidores redenciones y costas. Bajo la ley australiana el máximo por infracción puede ser de hasta 33 millones de dólares o 50 millones de dólares australianos entre otras fórmulas de cálculo. Analistas apuntan a un efecto global si los tribunales australianos concluyen que hubo información engañosa ya que los proveedores tendrían que redefinir comunicaciones de renovación explicando qué parte de la cuota corresponde a IA qué datos utiliza y cómo optar por no participar.

Ante este panorama muchas empresas ya están incorporando cláusulas de transparencia sobre IA en sus contratos de renovación para evitar subidas sorpresa vinculadas a nuevas automatizaciones. La tendencia empuja a que la compra de software deje de ser solo una cuestión de licencias y pase a incluir responsabilidades de gobierno de datos auditoría de uso y análisis de riesgos legales y operativos cuando los agentes IA y las capacidades de aprendizaje están embebidas en flujos de trabajo críticos.

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El litigio contra Microsoft en Australia es un recordatorio de que la transparencia en torno a la IA se está convirtiendo en una métrica de ética corporativa. Para las organizaciones que dependen de suites ofimáticas integradas la recomendación es revisar cláusulas contractuales exigir desagregación de costes vinculados a IA y contar con proveedores capaces de ofrecer soluciones personalizadas seguras y auditables.