Algunos sostienen que buen gobierno es menos gobierno. Otros piensan distinto. Lo mínimo que se puede esperar de cualquier regulación es que cumplir una ley no te obligue a incumplir otra, salvo que seas Apple y las leyes se redacten en Europa. En una carta conocida por Computerworld, el vicepresidente de Apple Kyle Andeer respondió con dureza a nuevas investigaciones sobre el negocio de la compañía. Apple afronta indagaciones bajo la Ley de Servicios Digitales DSA que, según críticos, promete seguridad online pero complica la gestión real de riesgos.

El problema es que esas investigaciones parecen derivar de exigencias establecidas en la Ley de Mercados Digitales DMA. Apple acusa a los reguladores de hipocresía e incoherencia normativa: por un lado le piden proteger a los usuarios y a los menores; por otro le obligan a introducir cambios que socavan precisamente esas protecciones. Como ejemplo, la Comisión Europea ha lanzado solicitudes de información en las que sospecha que Apple no ha adoptado medidas razonables para mitigar la difusión de contenidos ilegales relacionados con estafas financieras y que no ha aplicado medidas proporcionadas para garantizar la seguridad de los menores en su servicio.

Apple responde recordando décadas de inversión en controles en el App Store y en procesos de revisión de aplicaciones para combatir fraude, pornografía, malware y riesgos para menores. Su argumento central es que la interpretación agresiva de la DMA ha forzado cambios que debilitan esas barreras de protección. Permitir que las aplicaciones enlacen libremente fuera de su entorno o que empleen web views sin salvaguardas adicionales aumenta vectores de ataque y fraude. Al mismo tiempo la Comisión, según Apple, no ha actuado con la misma contundencia ante abusos cometidos por desarrolladores como Epic Games o Match Group, lo que expone una inconsistencia dolorosa: exigir a Apple medidas adicionales a la vez que se le impide mantener otras que han demostrado ser efectivas.

La carta destaca un dilema de tipo Catch-22: Apple se ve obligada a introducir inseguridades fundamentales en su plataforma y después es criticada por las consecuencias de esos mismos cambios. Esto puede elevar rápidamente el coste de operar en Europa y abre la pregunta de cuándo la presión regulatoria hará que empresas como Apple consideren retirar productos o servicios del mercado europeo. Ese riesgo tiene implicaciones para usuarios, desarrolladores y para el propio ecosistema digital europeo de aquí a las próximas elecciones y decisiones políticas.

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La lección de la disputa entre Apple y los reguladores europeos es clara: la seguridad y la innovación pueden entrar en conflicto si las reglas no se aplican de forma coherente. Para las empresas que desarrollan productos digitales, la clave será adoptar soluciones técnicas sólidas y partners estratégicos como Q2BSTUDIO que integren software a medida, ciberseguridad, servicios cloud aws y azure, y herramientas de inteligencia de negocio y power bi para proteger usuarios y optimizar operaciones en un entorno legal complejo.

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