La Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios ACMA ha rechazado recientemente un proyecto de código del consumidor mientras aumentan las voces que piden poner fin a la autorregulación del sector. Ante un incremento sostenido de quejas por llamadas no solicitadas, fraudes telefónicos y daños en entornos digitales, la ACMA ha planteado la posibilidad de recurrir a poderes legislativos para regular directamente a proveedores y plataformas cuando la autosregulación demuestre ser insuficiente.

Este giro potencial hacia la regulación directa responde a la percepción de que los códigos voluntarios no logran imponer estándares mínimos ni sancionar con la rapidez necesaria. La medida podría incluir la facultad de fijar obligaciones específicas sobre prevención de abusos, transparencia en la gestión de datos, y requisitos técnicos para bloquear comunicaciones maliciosas, así como la imposición de multas y auditorías obligatorias.

Para empresas tecnológicas, operadores y desarrolladores de plataformas la noticia implica un cambio decisivo: el cumplimiento dejaría de ser una opción reputacional y pasaría a ser un requerimiento legal con implicaciones técnicas y organizativas. Será clave invertir en soluciones de detección y respuesta en tiempo real, reforzar políticas de seguridad y disponer de evidencias auditorables que demuestren controles activos contra abusos.

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